TEMA 6: REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE ISABEL II. CARLISMO Y GUERRA CIVIL. CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO LIBERAL.
Durante el reinado de Isabel II se lleva a cabo el
establecimiento del Estado Liberal en España, debido a la ruptura del orden
establecido por la Restauración con las revoluciones de 1830 y 1848, que
suponen el triunfo del liberalismo en Europa. Sin embargo, el nuevo Estado
tendrá un problema que explica en buena parte su fracaso: la exclusión de la
mayor parte de la población de la vida política, lo que explica el intento
democratizador del Sexenio Revolucionario.
El carlismo era una ideología tradicionalista y
antiliberal que defendía la monarquía absoluta, la sociedad estamental, la
preeminencia de la Iglesia y el mantenimiento de los fueros (lema: “Dios,
Patria y Rey”). Esta ideología contó con apoyos en las regiones forales, que
temían el centralismo liberal, y de pequeños campesinos, en las que la
influencia del clero era muy fuerte. Sin embargo, los isabelinos tienen sus principales
apoyos en las zonas urbanas y de predominio jornalero. Fueron apoyados por
parte de la alta nobleza, por el alto clero y por funcionarios. El bando
isabelino contaba con el ejército regular y las ciudades, y los carlistas
consiguieron formar “partidas” (grupo de guerrilleros).
La primera guerra carlista comenzó en 1833 con los
levantamientos de partidas armadas en el norte por parte de los carlistas,
donde consiguieron una mayor influencia. Don Carlos se instaló en Navarra dónde
formó un pequeño gobierno y un ejército al mando de Zumalacárregui. El segundo
foco carlista se creó en Cataluña, en la Bajo Aragón y en el Maestrazgo, dónde
las tropas estaban bajo el liderazgo de Cabrera.
A partir de 1836 la guerra se decantó al bando
isabelino. El ejército liberal dirigido por Espartero frenó el avance carlista
y los obligó a retroceder. Finalmente, el agotamiento carlista provocó la
división interna del movimiento entre los intransigentes, partidarios de seguir
la guerra, y los transaccionistas, encabezados por el general Maroto,
partidarios de llegar a un acuerdo honroso con el enemigo. Las negociaciones
entre Maroto y Espartero culminaron en el Convenio de Vergara (1839) que marcó
el fin de la guerra en el norte, no obstante, Cabrera resistió en Levante casi
un año más. El Convenio establecía el mantenimiento de los fueros
vasco-navarros.
María Cristina no era liberal hasta la llegada de la
guerra civil, que puso en peligro el trono de su hija, lo que la obligó a
derivar hacia un liberalismo moderado. La regente formó un gobierno encabezado
por Martínez de la Rosa, que propuso la promulgación del Estatuto Real en 1834.
Se trataba de una carta otorgada que establece unas nuevas Cortes bicamerales
con representantes elegidos por sufragio censitario muy restringido. Las
libertades estaban muy reducidas. Esta situación provoca un descontento de los
progresistas lo que termina en movimientos revolucionarios de 1835-1836 (Juntas
Revolucionarias, Pronunciamiento de la Granja) que los llevan al poder. Se creó
un nuevo gobierno dirigido por Mendizábal. Una vez en el poder, los
progresistas llevan a cabo una labor reformista.
Por una parte, se aprobó la desamortización de tierras
eclesiásticas, en la que se desvinculan las tierras de la nobleza y el clero.
Se expropiaron los bienes del clero regular, vendiéndose en subasta pública. Su
finalidad fue atenuar el problema de la deuda, no hacer una reforma agraria. Por otra parte, se aprobó la Constitución de 1837. Pese
a su tendencia progresista, tenía importantes concesiones a los moderados.
Mantiene el principio de la soberanía nacional. Amplia declaración de derechos
de los ciudadanos: libertad de prensa, de opinión… En cuanto a la religión, el
Estado se comprometía a mantener económicamente al clero católico. En 1837, los moderados ganan las elecciones y la reina
se enfrenta a los progresistas a causa de la nueva ley de Ayuntamientos (1840) que
provoca la destitución de María Cristina a favor de Espartero.
Espartero fue progresista e impulsó las libertades, lo
que produjo un auge de la prensa y de las asociaciones obreras. Sin embargo, derivó
hacia un marcado autoritarismo, aislándose así del entorno progresista y perdiendo
popularidad. Solamente colaboró con su camarilla de militares afines. En cuanto
a la política económica, Espartero aprobó el arancel librecambista, que abría
al mercado español los tejidos de algodón ingleses. Se produjo un levantamiento
en Barcelona por parte de la burguesía y las clases populares, que veían peligrar
sus puestos de trabajo. Este levantamiento fue respondido por Espartero con un
bombardeo de la ciudad y proclamó el estado de guerra hasta conseguir su sumisión.
En 1843, intervinieron los moderados, lo cual forzó el cese de Espartero y su
marcha al exilio. La quiebra del régimen progresista y una serie de
conspiraciones encabezadas por los generales Narváez y O´Donnell, llevaron al
poder a los moderados. Ante la inconveniencia de nombrar una nueva regencia a
finales de 1843, las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, siendo
así proclamada reina a los 13 años.
En las elecciones de 1844, los moderados obtuvieron la
mayoría votos, por lo que el general Narváez comenzó su nuevo gobierno. Su
objetivo era acabar con las revoluciones e implantar un nuevo régimen basado en
la autoridad, el orden y la represión, es decir, se trataba de crear una
oligarquía formada por la gran burguesía terrateniente y algunos sectores
profesionales liberales y del ejército. Para ello, se elaboró la Constitución
de 1845, que asentaba los principios del moderantismo desarrollados por los
gobiernos.
Esta Constitución consistía en la Soberanía compartida
del rey y las Cortes, el reforzamiento del poder real, con el nombramiento y
cese de los ministros, la disolución de las Cortes y el veto a sus decisiones.
Además, se incluye un sistema bicameral, formado por un Senado de designación
real y un Congreso de Diputados. Cabe destacar la centralización administrativa
y la confesionalidad católica del Estado junto con la obligación de mantener el
culto y el clero. También hubo un control de los ayuntamientos y de las
diputaciones por el gobierno central. Por último, se suprimió la Milicia
Nacional y se fragmentaron los derechos y libertades.
La ley electoral de 1846 estableció un sufragio
censitario restringido. Solo tenían derecho a voto los grandes contribuyentes y
personalidades destacadas. Esta ley también facilitaba el falseamiento de los
resultados por parte del gobierno, solo se elegía un candidato, haciendo
desaparecer así la representación proporcional y las minorías.
Para mejorar las relaciones del Estado con la Iglesia,
se firmó un Concordato con la Santa Sede (1851), en el que el Papado reconocía
a Isabel II y aceptaba el proceso desamortizador, que quedaba en suspenso. El
Estado se comprometía al sostenimiento de la Iglesia y se reconocía al
catolicismo como religión oficial del Estado.
Algunas de las medidas legislativas de corte moderado
más destacadas son la llevada a cabo de una reforma fiscal (1845) y la
aprobación del Código Penal (1848) y del Código Civil (1845). Por otro lado, se
procedió a la reforma de la Administración pública del Estado y de la
Administración provincial y municipal. Con el objetivo de mantener el orden
público, se creó la Guardia Civil (1844) y se impuso el servicio militar
obligatorio a través de un sistema de quintas.
Los gobiernos moderados no consiguieron estabilidad
política en el Estado debido a diversos conflictos (protestas contra las
quintas, motines campesinos, etc.). A partir de 1848, se realizaron protestas
por parte de los demócratas y de los republicanos. Los carlistas protagonizaron
un nuevo levantamiento en Cataluña (Guerra dels Martiners, 1846-1849).
Por otra parte, las divisiones internas del
moderantismo y la lucha entre tendencias provocaron la inestabilidad de los
gobiernos. La vida política se desarrolló alrededor de las Cortes junto con la
influencia de las camarillas a favor del rey. Esta marginación de las Cortes
culminó en la reforma de 1852, por la que el gobierno de Bravo Murillo,
enfrentado a Narváez, estableció un sufragio más restringido, podía suspender
indefinidamente las Cortes y gobernar por decreto. Todo esto desembocó en una
crisis económica y aumentó la oposición de los progresistas y demócratas, cada
vez más apartados del sistema.
El Bienio Progresista comenzó junto con el
pronunciamiento del general O´Donnell en 1854. Los progresistas se incorporaron
a este movimiento, publicando así el Manifiesto de Manzanares. Tras el triunfo
de este movimiento, Isabel II se ve obligada a aceptar el restablecimiento de
la Milicia Nacional y de las libertades, pues el gobierno estaba presidido por
Espartero, O´Donnell estaba al frente del Ministerio de Guerra y la
convocatoria de Cortes, con un número ampliado de electores gracias a la ley
electoral de 1837.
La alianza entre progresistas y moderados condujo a la
formación de la Unión Liberal, reflejo del acuerdo entre Espartero y O´Donnell.
Las elecciones dieron una amplia mayoría a progresistas y unionistas, por lo
que la presencia de los moderados quedó reducida. Las nuevas Cortes redactaron
una Constitución en 1856 que no llegó a publicarse.
Hubo un intento de reformas, entre las que destacan la
Ley de Desamortización civil y eclesiástica (1855), propuesta por Pascual Madoz.
También se aprobó la Ley General de Ferrocarriles (1855), que ampliaba el
número de inversores extranjeros. Además, caben resaltar nuevas iniciativas
como el telégrafo, la red de carreteras, la sociedad por acciones y la minería.
A pesar de estos intentos, se dio una crisis de
subsistencia que, junto con una epidemia de cólera, provocaron una
conflictividad obrera, que querían mejorar las condiciones laborales y una
serie de huelgas obreras entre 1854 y 1855. Ante este conflicto social,
O´Donnell promovió un golpe militar en 1856 en contra del gobierno de
Espartero. Todo esto provoca la protesta de un grupo de diputados, que
realizaron movimientos de resistencia en defensa del gobierno progresista. Como
consecuencia de esto, O´Donnell cerró las Cortes, suprimió la Milicia,
destituyó ayuntamientos y diputaciones y anuló la libertad de prensa. Esta
crisis puso fin al Bienio Progresista.
Tras el golpe militar de 1856, O´Donnell restableció
la Constitución de 1845. Sin embargo, Narváez intentó volver a la situación
anterior a 1854. En el año 1857, se aprobó la Ley de Instrucción Pública del
Moyano, en la que la enseñanza es dividida en tres grados (primaria, secundaria
y universitaria). Narváez fue destituido por la reina, fue entonces cuando
comienza un periodo de inestabilidad hasta que Isabel II vuelve a nombrar a
O´Donnell en 1858, pasando a ser su gobierno reconocido como Unión Liberal.
O´Donnell gobernó desde 1858 hasta 1863, unos años
durante los que restableció la Constitución de 1845, lo que implicó la
disminución del control de la prensa, el aumento de la autonomía de los
ayuntamientos y el refuerzo del poder judicial. Además, se desarrolló la
legislación económica. España participó en operaciones militares, tales como la
expedición a Cochinchina, la campaña a Marruecos y la Paz de Wad-Ras.
Por otro lado, la radicalización del autoritarismo
desde 1863 y la intervención de la reina, provocaron una gran inestabilidad en
el gobierno. Los progresistas, demócratas y republicanos culparon a Isabel II
de la situación y llevaron a cabo un pronunciamiento armado en Madrid. En 1866,
esta revuelta de los sargentos del cuartel de San Gil fue duramente reprimida.
El gobierno de Narváez cerró las Cortes e implantó una especie de dictadura.
Esta situación empeoró debido a la crisis de
subsistencia de 1866 junto con el Pacto de Ostende para acabar con la monarquía
de Isabel II, convocando así las Cortes Constituyentes por medio del sufragio
universal masculino. En 1867, los unionistas deciden incorporarse al Pacto de
Ostende.
Esta etapa concluye con el derrocamiento de la reina junto
con una revolución progresista conocida como La Gloriosa. Además, ese mismo
año, se produce el inicio del Sexenio Revolucionario, que fue el primer intento
de establecer en España una democracia basada en el sufragio universal
masculino. Esta etapa concluyó con la proclamación de Alfonso XII como rey de
España. Durante este período destacaron la burguesía urbana y el movimiento
obrero.
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